Cuando se produce una separación o divorcio con hijos, una de las cuestiones más relevantes es determinar quién puede usar la vivienda familiar. La norma principal es el artículo 96 del Código Civil, pero su aplicación en casos de custodia compartida no es automática ni sencilla.
A diferencia de la custodia exclusiva, donde la vivienda suele atribuirse al progenitor con quien viven los hijos, en la custodia compartida no existe una regla fija. Esto obliga a los tribunales a analizar cada caso concreto, valorando distintas circunstancias.
El Tribunal Supremo ha dejado claro que en estos casos no hay soluciones estándar. La decisión debe basarse en una ponderación real de factores, especialmente el interés del menor y la viabilidad práctica de la medida.
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Contacta con nosotrosNaturaleza del derecho de uso: no es una cuestión de propiedad
Un aspecto clave que suele generar confusión es que el uso de la vivienda familiar no depende directamente de quién sea el propietario.
El derecho de uso tiene una función protectora: busca garantizar el bienestar del menor tras la ruptura. Por eso, puede atribuirse a un progenitor aunque la vivienda sea de ambos o incluso del otro.
El Tribunal Supremo insiste en diferenciar dos cuestiones:
- El uso de la vivienda (medida de protección familiar).
- La propiedad y los gastos (cuestión económica entre progenitores).
Esto significa que los conflictos sobre hipoteca, gastos o compensaciones no siempre se resuelven dentro del mismo procedimiento.
La casa nido: qué es y cómo la trata el Tribunal Supremo
La llamada “casa nido” es un modelo en el que el menor permanece siempre en la vivienda familiar y son los progenitores quienes entran y salen según los turnos de custodia.
A primera vista puede parecer la opción más estable para el menor, pero en la práctica presenta importantes dificultades.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha evolucionado hacia una postura clara: la casa nido no es una solución habitual y debe considerarse excepcional.
La Sentencia del Tribunal Supremo 427/2026 refuerza este criterio al rechazar este sistema cuando no existe acuerdo entre los progenitores y cuando no hay capacidad económica suficiente para sostenerlo.
Además, el Tribunal subraya que este modelo exige una organización compleja y, en muchos casos, implica mantener varias viviendas, lo que lo hace difícilmente viable.
En términos prácticos, la casa nido solo funciona cuando hay un alto nivel de cooperación y recursos económicos suficientes.
Criterios del Tribunal Supremo para decidir quién usa la vivienda
En ausencia de una regla legal concreta, el Tribunal Supremo aplica una serie de criterios que se repiten en la mayoría de las resoluciones.
El primero es el interés del menor, entendido de forma realista. No se trata solo de mantener al menor en la misma vivienda, sino de asegurar que el sistema de custodia funcione sin generar conflictos.
El segundo es la capacidad económica de los progenitores. Si uno de ellos no puede permitirse una alternativa habitacional, esto puede ser determinante para atribuirle el uso de la vivienda.
El tercer factor es la relación entre los progenitores. Cuando existe conflicto o falta de comunicación, determinadas soluciones —como la casa nido— pueden resultar perjudiciales.
También se valora si existen alternativas reales de vivienda. No basta con una intención futura de independizarse, sino que debe acreditarse una posibilidad concreta.
Por último, el Tribunal Supremo insiste en que el uso de la vivienda suele tener carácter temporal, incluso en custodia compartida.
La STS 427/2026: un ejemplo claro de la doctrina actual
La Sentencia 427/2026 del Tribunal Supremo resume perfectamente la posición actual de los tribunales.
En este caso, se había establecido un sistema de casa nido, pero el Tribunal Supremo decide eliminarlo por dos motivos principales: la falta de acuerdo entre los progenitores y la imposibilidad económica de mantener el sistema.
El Tribunal concluye que este modelo no era adecuado para el interés del menor, ya que generaba riesgos de conflicto y no era sostenible en la práctica.
Como alternativa, mantiene la custodia compartida, pero atribuye el uso de la vivienda al padre de forma temporal, hasta que el hijo alcance la mayoría de edad.
Esta solución busca algo esencial: que el régimen de custodia sea realmente viable y pueda cumplirse sin dificultades.
Además, la sentencia aclara un punto importante: la vivienda sigue siendo “familiar” aunque uno de los progenitores la haya abandonado, siempre que haya seguido siendo el centro de vida del menor.
Soluciones más habituales en la práctica
A día de hoy, la práctica judicial muestra una tendencia bastante clara.
La solución más frecuente es la custodia compartida con alternancia de domicilios, donde el menor convive por periodos con cada progenitor en viviendas distintas.
Otra opción habitual es atribuir el uso de la vivienda a uno de los progenitores durante un tiempo determinado, especialmente cuando existe una diferencia económica relevante entre ambos.
Estas soluciones tienen una ventaja clave: son más sencillas de aplicar y generan menos conflicto.
Uso de la vivienda y reparto de gastos: qué debes saber
Uno de los puntos más conflictivos es quién paga los gastos de la vivienda.
Aquí es fundamental entender que el uso de la vivienda no determina automáticamente quién paga todo.
El Tribunal Supremo distingue entre:
- Gastos derivados del uso (luz, agua, mantenimiento), que suele asumir quien vive en la vivienda.
- Gastos derivados de la propiedad (hipoteca, IBI, comunidad), que suelen repartirse según la titularidad.
Además, el propio Tribunal ha señalado que estos conflictos económicos pueden resolverse en procedimientos distintos, sin afectar a la decisión sobre el uso de la vivienda.
Conclusión: una tendencia clara hacia soluciones realistas
La evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo muestra una línea clara: las decisiones sobre la vivienda deben ser realistas y sostenibles.
La casa nido, aunque teóricamente atractiva, se considera hoy una solución excepcional.
En su lugar, los tribunales optan por modelos que:
- Funcionen en la práctica.
- Reduzcan el conflicto.
- Tengan en cuenta la situación económica real.
En definitiva, la clave no está en encontrar una solución perfecta en abstracto, sino en adoptar la que mejor funcione en cada caso concreto y proteja de forma efectiva el interés del menor.
